Nintendo vuelve a estar en el centro del debate, y esta vez no se trata de un nuevo juego de Mario ni de una edición especial de la Switch 2. El organismo de defensa al consumidor en São Paulo, Brasil (Procon-SP), ha lanzado una advertencia formal a la compañía japonesa por prácticas que, según las autoridades, rozan lo abusivo: la posibilidad de desactivar de forma remota el acceso a internet —e incluso inutilizar— la nueva Switch 2.
Una cláusula que enciende las alarmas
La polémica nace del acuerdo de usuario final que todos los propietarios de la Switch 2 deben aceptar. En él, Nintendo se reserva el derecho de limitar el acceso a la eShop, suspender el juego online y hasta dejar la consola fuera de combate si detecta alguna infracción. Esto incluye desde el uso de periféricos no oficiales hasta el empleo de software no autorizado.
Pero el verdadero punto de fricción es que incluso usuarios con copias legítimas de sus juegos han visto cómo sus consolas eran bloqueadas. ¿La razón? Usar tarjetas MIG Flash, una solución bastante popular que permite guardar toda la biblioteca en una microSD. Cómodo, sí. Pero aparentemente, no bienvenido por Nintendo.
Error 2124-4508: cuando el online desaparece
Los primeros afectados por esta política están reportando el temido código de error 2124-4508, que corta toda conexión a internet en la consola. Aunque los juegos single-player siguen siendo accesibles, el multijugador queda fuera de alcance, y lo más frustrante: tampoco se pueden descargar nuevos títulos, incluso si ya han sido comprados.
El detalle que no pasa desapercibido es que, en la práctica, muchos cartuchos físicos de la Switch 2 requieren una conexión online para instalarse o actualizarse. Sin eShop, sin diversión. Y ahí es donde Procon-SP entra al juego: no solo ha pedido a Nintendo que revise el contrato de usuario, sino que le ha dado un plazo de 20 días para responder oficialmente.
Nintendo responde, pero desde fuera
Nintendo, que no tiene presencia legal directa en Brasil, ha tenido que designar un despacho de abogados local para abordar el caso. La situación deja en evidencia un vacío legal importante: sin representación formal en el país, los organismos de defensa del consumidor tienen margen de acción limitado, aunque la presión pública —y mediática— no deja de crecer.
Álvaro Camilo, vocero de Procon-SP, fue claro: “Las plataformas digitales que operan sin base legal en Brasil dificultan la protección real de los consumidores. Es algo que debería considerarse al momento de comprar”.
Un precedente que podría cruzar fronteras
Aunque todo apunta a que Nintendo no cederá fácilmente —un cambio en su política abriría la puerta a demandas similares en otros países—, la presión está sobre la mesa. Y no es un tema menor: ya se están viendo consolas bloqueadas vendidas como nuevas o reacondicionadas, lo que genera más desconfianza en la comunidad de jugadores.
