El gobierno de México ha propuesto un impuesto del 8% para los videojuegos violentos o para adultos. La medida ya fue aprobada por la Cámara de Diputados dentro del paquete fiscal para 2026. Ahora deberá ser debatida por el Senado antes de decidir su implementación.
Este impuesto se aplicaría tanto a los juegos físicos como digitales. También afectaría a títulos free-to-play con microtransacciones, como Fortnite. Cada compra dentro del juego recibiría un sobrecoste adicional.
El gobierno argumenta que los videojuegos violentos podrían aumentar la agresividad en adolescentes y generar ansiedad, aislamiento o pérdida de empatía. Sin embargo, expertos y asociaciones del sector cuestionan la evidencia científica detrás de estas afirmaciones.
Algunos advierten que el aumento de precios podría incentivar la piratería y afectar a los estudios locales, que operan con márgenes más ajustados. Además, las ventas legales podrían caer si los jugadores buscan alternativas en otros mercados.
El impuesto parece ser más una medida de recaudación que una solución efectiva. Con la presión fiscal actual, los consumidores podrían recurrir a VPNs o comprar en mercados extranjeros para evitar el sobrecoste.
El Senado decidirá si la medida entra en vigor en 2026. Si se aprueba, México se sumaría a un grupo reducido de países con impuestos específicos sobre videojuegos violentos. Esto podría generar un precedente polémico a nivel global.
El impuesto se implementaría junto a subidas en tabaco, bebidas azucaradas y apuestas, bajo el argumento de “responsabilidad social”. Muchos consideran que gravar videojuegos adultos de esta manera es selectivo y moralizante.
Para los gamers, la propuesta significaría precios más altos y un debate intenso sobre la regulación del entretenimiento digital. La industria observa con atención cómo se desarrollará este nuevo escenario fiscal.
